26 Sep 2011
Por: Virginia Contreras
Si bien el presente año ha estado marcado por infinidad de crisis políticas a nivel mundial, el tema de los procesos electorales para escoger a los mandatarios en los distintos países del Hemisferio Occidental, no deja de ser interesante. En lo que va del 2011, tenemos el caso de Haití. Aún cuando la primera vuelta se celebró en noviembre de 2010, los resultados fueron hechos públicos en enero de este año. El proceso electoral haitiano estuvo identificado por el fraude y la incertidumbre. Las autoridades electorales se vieron obligadas, por el clamor social y prácticamente la amenaza a una revuelta popular, a anular la segunda vuelta electoral. Con esta decisión quedaría excluido el candidato oficialista, Jude Celestin, (yerno del para entonces presidente, René Preval), siendo sustituido por su seguidor más cercano, el cantante Michel Martelly, quien en definitiva logró el triunfo en el ballotage realizado en marzo pasado.
Otro de los procesos electorales celebrado este año, fue el del Perú. Allí su desenlace pareciera mantener bajo hipnosis a la sociedad de ese país, y es que mientras el presidente Humala trata de mantener el equilibrio económico heredado del ex presidente Alan García, a los fines de transmitir tranquilidad a la población, no hace lo mismo en el plano político. El caso del Perú nos evidencia una vez más lo que ha venido significando en la América Latina la pérdida de las ideologías, el desprestigio de los partidos políticos y la poca visión de sus líderes frente a las oportunidades que les presenta el destino. En Perú, a pesar de que la suma de todos los votos de los partidos opositores al candidato Humala hubiera sido más que suficiente para elegir en la primera vuelta al economista Pedro Pablo Kuczynski, no hubo posibilidades de entenderse. De igual forma, en la oportunidad de celebrarse la segunda vuelta electoral, en donde la población votante debía escoger entre los candidatos Humala, y Keiko Fujimori, no sólo no fue posible llegar a un consenso a favor de ésta última, sino que la propia oposición a Humala, particularmente el ex presidente y ex candidato presidencial Alejandro Toledo, y el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, dedicaron su atención a realizar campaña en contra de la Sra. Fujimori. El resultado fue el triunfo del candidato Humala como presidente de la República, y con esto, el establecimiento de ciertas políticas por parte del nuevo mandatario, cuyas consecuencias podrán verificarse en el curso del tiempo, pero que en todo caso resultan suficientemente alarmantes, hasta la fecha, como para comprender el efecto que tarde o temprano podrían producir en la sociedad peruana.
Junto al show producido en el momento de la juramentación del presidente Humala, (quien ofreció su lealtad a una Constitución derogada), y de las designaciones iniciales que éste hiciera respecto a su nuevo Gabinete (referidos en nuestro artículo “No Jurarás su Santo Nombre en Vano”), el nuevo mandatario nombra como presidente ejecutivo del Consejo Directivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida) a Ricardo Soberón Garrido, (cargo que en otros países equivaldría al “zar antidrogas”) y de quien depende el diseño de la estrategia en contra del tráfico de drogas en esa Nación.
Lo curioso de esta escogencia, es que el nuevo zar es conocido públicamente por ser el asesor de grupos cocaleros en los valles del Alto Huallaga, de los ríos Apurímac y Ene (en el área conocida como el VRAE), así como de la cuenca de La Convención y Lares (Cusco), cuyas organizaciones se han opuesto tradicionalmente a la erradicación de la hoja de coca. De allí que no haya podido sorprendernos, que a casi un mes de su juramentación, dicho funcionario haya informado sobre la decisión de “suspender temporalmente” la erradicación de la hoja de coca en el Huallaga, (segunda zona con mayor producción de coca del país, y de la cual el propio zar anti drogas ha fungido como asesor de los grupos cocaleros). La comunicación de la referida estrategia vino acompañada por la justificación de que “en otros países del mundo, como Afganistán, Colombia, Méjico, y Bolivia, comúnmente se producen pausas para hacer evaluaciones” (sic).
Esta opinión resulta poco menos que ingenua, si consideramos que la misma proviene de un experto. Basta recordar cómo precisamente los gobiernos allí mencionados han venido padeciendo a lo largo de su historia las terribles consecuencias políticas, sociales y económicas de su permisividad en la lucha contra las drogas, facilitando en muchos casos, por su omisión, la creación de organizaciones y carteles capaces de competir con el poder del Estado mismo. Todos estos gobiernos, con excepción de Colombia, cuyas fuerzas militares han sido duramente entrenadas para enfrentar a las organizaciones narcoterroristas, (otorgándole con esto confianza a los sectores campesinos que se habían visto compelidos, muchas veces a cambio de sus vidas, a sembrar la droga para dichas organizaciones), padecen hoy en día un verdadero drama. En el caso de Bolivia, habría que examinar hasta qué punto sus propias autoridades estarían involucradas con la siembra de la coca con fines non sanctos. De hecho, analistas provenientes de ese mismo país coinciden en señalar la vinculación de la economía boliviana con el tráfico de drogas.
Pero esta política de parte del nuevo gobierno peruano, amerita una consideración aún mayor. Como lo hemos referido en otras oportunidades, el destino del Perú, por lo menos mientras algunas de sus autoridades persistan en triangular la relación con ciertos funcionarios bolivianos, y con organizaciones terroristas peruanas (Sendero Luminoso), estará unido al futuro de Bolivia. Para entender la amenaza en la cual se ve envuelto el Perú, vale la pena verificar cómo autoridades policiales de gobiernos, como los de Estados Unidos y Colombia, han vinculado a ciertos dirigentes bolivianos con carteles del narcotráfico de Méjico, Colombia (entre ellos integrantes del cartel del “norte del valle”) y Brasil, e incluso con la organización terrorista peruana, “Sendero Luminoso”.
Si todavía existe duda respecto a tales dichos, cabría destacar el reciente caso del ex jefe antidrogas de Bolivia, general retirado René Sanabria Oropeza, quien fuera comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) entre 2007/2008, miembro del Alto Mando policial, en 2009, y director del Centro de Inteligencia y Generación de Información (Cigein) del Ministerio de Gobierno, desde 2010 hasta el 23 de febrero de este año, (caso conocido como “Sanabria-gate”). El referido militar fue acusado de conspiración para traficar cocaína ante la Corte de Justicia de Miami, Estados Unidos, siendo sentenciado este 23 de septiembre por dicha Corte, a cumplir una pena de 14 años de prisión. Con esto podremos entender hasta qué nivel se encontraría comprometido el gobierno de Bolivia en este tipo de hechos, así como el riesgo a que se someten las autoridades peruanas, de pactar, o conciliar, algún tipo de intereses con aquel.
Si esto fuera insuficiente, refresquemos la memoria al hecho de que hace un tiempo fueron capturados en Bolivia, -gracias a la información suministrada por autoridades colombianas-, los hermanos Carlos Noel (alías “Porre Macho”), y Héctor Fabio Buitriago (el primero de los nombrados deportado al Perú, mientras que su hermano Héctor, permanece detenido en la cárcel de Palmasola, Bolivia). De estos ciudadanos se llegó a conocer que una vez cumplida una sentencia de cuatro años de prisión en Colombia, inmediatamente salieron a Bolivia. La Inteligencia de Colombia reveló que gracias a estos personajes, desde el 2006 entraron unos 3.000 colombianos a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) para trabajar con el narcoterrorista, alias “Martín Llanos”, cuyo verdadero nombre es Héctor Germán Buitrago, primo de los dos primeros. Martín, según las investigaciones, estableció su grupo criminal en una zona rural cruceña, tras la acción militar en su contra por parte de Colombia. De igual forma fue capturado el peruano Ulser Pillpa Paitan, (miembro de Sendero Luminoso), organización ésta, que con la presunta colaboración de autoridades bolivianas, se le ha vinculado con la contribución a la campaña electoral del para entonces candidato presidencial Ollanta Humala, y a quien se le atribuye la verdadera razón de la suspensión de la erradicación de la hoja de coca en el Perú (a cuyo efecto nos remitimos a nuestros artículos titulados “El Triángulo de las Bermudas de Ollanta Humala”, y “Gana Perú”).
Siguiendo con los procesos electorales, podemos mencionar a Guatemala. El pasado 11 de septiembre se celebró la primera ronda electoral en ese país, resultando ganador, aún cuando sin votos suficientes para evitar el ballotage, el general retirado Otto Pérez Molina. Si bien desde hace meses se percibía el primer lugar para dicho candidato, el cual ha basado su campaña electoral en la lucha contra la criminalidad que ha azotado al país centroamericano, lo que no era posible prever era la diferencia de votos que acercaría al que ocuparía el segundo lugar en dicha contienda con la presidencia, el empresario Manuel Baldizón. Este último se habría beneficiado de los votos que quedarían huérfanos tras la nulidad de la inscripción electoral por parte de las autoridades judiciales de ese país, de la candidata oficialista, la ex esposa del actual presidente Álvaro Colom, Sandra Torres. Esta, después de largos meses de incertidumbre de la población guatemalteca, fue acusada de fraude a la Ley, por haberse divorciado del actual mandatario con el objeto de evadir la prohibición constitucional que le impedía como cónyuge del jefe de Estado en funciones, ser candidata presidencial. En todo caso, habrá que esperar hasta el mes de noviembre para conocer los resultados de la segunda vuelta electoral.
Argentina será otro país con elecciones presidenciales este año. Si recordamos que la actual presidenta de esa Nación obtuvo el pasado mes de agosto el 50, 32 % de los votos en las elecciones primarias obligatorias, celebradas en el país sureño, podrá suponerse el triunfo que obtendría en la primera ronda electoral a realizarse en octubre próximo, y de la cual existen expectativas respecto a que pudiera no ser necesario acudir al ballotage. Allí, tal y como ha ido sucediendo con infinidad de países en el Continente Americano, la oposición ha venido perdiendo credibilidad, toda vez que ni sus líderes, ni sus discursos, han logrado atraer el interés de la población. Es el gobierno quien ha venido imponiendo el discurso político, sin que la oposición haya podido imponer alguna visión alternativa en materia de reivindicaciones sociales a la población. Como es conocido, Cristina Kirchner ha representado, dentro de este desdibujo de los partidos políticos, un movimiento político extremadamente populista cuyo origen fue el tradicional peronismo. No obstante, su ambigüedad es tal, que resulta difícil definir una sola de sus características. Cristina es progresista, pero conservadora, no se define como realmente de izquierda, pero tampoco de derecha, es nacionalista y por ende antiimperialista. Todo ello para atraer a las masas, y dentro de ellas a un sector muy particular: la juventud. Con esto tratará de evitar una segunda vuelta a toda costa.
Nicaragua celebrará sus elecciones presidenciales en el mes de noviembre, las cuales de antemano se avizoran plasmadas de irregularidades. Para ello basta recordar el resultado de las pasadas elecciones de alcaldes, vicealcaldes y concejales del 2008, en donde se acusó al partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (Fsln), de manipulación de votos, falta de transparencia en el conteo y reconteo de votos, e impedimento de acción para los observadores electorales, como la Organización de los Estados Americanos. De hecho, el Consejo Nacional Electoral de Nicaragua se negó a acreditar a éstos observadores, bajo el argumento de que no gozaban de neutralidad.
El resultado fue el triunfo mayoritario de los afectos al gobierno sandinista, circunstancia que produjo graves hechos de violencia en la población descontenta. Recordemos incluso, el trágico suceso del suicidio del el ex boxeador (1999), y alcalde de Managua, Alexis Argüello, quien en una supuesta carta de despedida, acusara al presidente Ortega y a la primera dama respecto a irregularidades dentro del gobierno, e incluso frente al mencionado proceso electoral.
Estas circunstancias, de fraude electoral, unido a la inconstitucionalidad de la participación del presidente Ortega en las elecciones que se avecinan, son suficientes para pronosticar el desenlace electoral en ese país. Ortega, a pesar de la prohibición constitucional de la reelección (Artículo 147), haciendo uso de un recurso de amparo interpuesto ante un Tribunal de Apelaciones de Managua, logró la desaplicación de dicha norma para presentarse a la reelección, que sin duda alguna ganará. Si le unimos las denuncias hechas por la sociedad de ese país respecto a los impedimentos que han venido siendo impuestos para negársele el acceso a sus documentos de identidad a los votantes –indispensables para ejercer el voto-, el uso de los dineros públicos por parte del jefe de Estado en la campaña electoral, el abuso en la utilización de su imagen ante los medios de comunicación, y la división que existe entre los partidos de oposición, representados por el ex presidente Arnoldo Alemán, (Partido Liberal Constitucionalista-“PLC”-, e incluido por la organización “Transparencia Internacional” en la lista de los 10 gobernantes más corruptos del mundo de los últimos 20 años); Fabio Gadea, empresario de 80 años de edad, candidato de la Alianza “PLI-UNE”, y el diputado liberal disidente y ex dirigente de la “Contra”, Enrique Quiñónez Tuckler, (Alianza Liberal Nicaragüense, “ALN”), entenderemos la facilidad con que Daniel Ortega logrará ser reelecto.
Esto sin contar con las medidas populistas que ha venido ejecutando el gobernante, como la repartición del llamado “bono solidario”. Este bono, producto de la contribución del “ALBA”, (por no mencionar específicamente al gobierno de Venezuela), gracias a las millonarias donaciones de por lo menos una docena de empresas vinculadas a este organismo, (cuyas contribuciones están excluidas del control del Parlamento nicaragüense) le han permitido a Ortega el subsidiar a sectores de la población, y entregar unos 50 dólares mensuales, que son repartidos religiosamente entre todos los funcionarios públicos (400.000 personas) de Nicaragua, como colaboración especial.
En lo que respecta a los procesos electorales de 2012, en el mes de mayo el pueblo dominicano elegirá a su próximo presidente. Sobre República Dominicana, hasta el presente las encuestas vienen indicando al primer lugar para el opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), cuyo candidato es el ex presidente Hipólito Mejías.
Otro de los países que escogerá a su mandatario el próximo año, es Méjico. La preferencia electoral luce hasta el momento imparable. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual gobernara a ese país por casi un siglo, perdiendo su hegemonía en el 2000 con el triunfo del candidato Vicente Fox (PAN), tiene la primera opción para regresar al poder. Hasta el presente no pareciera que hubiera alguien capaz de interponerse en unas elecciones primarias en contra de Enrique Peña Nieto, actual gobernador del Estado de Méjico y quien luce como el principal candidato de ese partido para la Presidencia de la República. Se habla de un 40,1% de respaldo para el PRI, un 15,9% para el PAN y un 10,6% para el PRD, (este último analizado sin la coalición).
El regreso del PRI evidencia la crisis de gobernabilidad que indefectiblemente afecta al presidente Calderón, y a su gobierno. El auge de la violencia, derivado de los carteles de la droga en ese país, ha sido un elemento vital para hacer olvidar a los mejicanos las críticas ante los gobiernos liderados por el PRI durante 72 años de manera continua, más aún con una población votante joven que poco conoce del pasado de corrupción, de hegemonía de las instituciones del Estado en manos del poder de turno, y de permisividad ante la criminalidad con que se relacionaba al PRI.
Frente a estas circunstancias, el gobierno no ha podido convencer a la población votante respecto a la validez de las medidas adoptadas para luchar contra tan terribles enemigos, como las organizaciones del crimen organizado. Y es que para los mejicanos-indistintamente de las justificaciones válidas que pudiera presentar el actual gobierno-, poco importa que las armas usadas por los carteles mejicanos provengan de los Estados Unidos, o de la luna, si su gobierno no es capaz de frenar las balas con que acribillan a sus seres queridos.
Venezuela es otro de los países con elecciones presidenciales el próximo año. El caso de esta Nación, cuyas elecciones presidenciales acaban de ser adelantadas por el Consejo Nacional Electoral, (de celebrarse tradicionalmente la primera semana de diciembre, ahora para octubre de 2012), amerita una consideración especial. Mucho se ha dicho sobre el favoritismo y parcialidad política, en lo que va de los años del gobierno bolivariano, por parte del organismo electoral a favor del presidente venezolano. De allí que resulte altamente llamativa la decisión del CNE de modificación del cronograma electoral, toda vez que, con excepción de las elecciones generales -denominadas “mega elecciones”-, (realizadas como consecuencia de la vigencia de la nueva Constitución en el año 2000), desde que se instauró la democracia en Venezuela, en 1958, los comicios presidenciales se habían efectuado siempre durante la primera semana del mes de diciembre. Según ha argumentado el ente electoral, las razones de la modificación de la fecha electoral, se deben a la imposibilidad de realizar en un solo evento elecciones generales (presidenciales, de alcaldes y gobernadores). No obstante, lo que muchos no terminan de asimilar es el porqué son precisamente las elecciones presidenciales, y no las elecciones regionales, las que deban ser adelantadas, habida cuenta que la experiencia ha demostrado que en oportunidades anteriores son éstas últimas las que han sufrido algún cambio en su calendario.
Así sucedió durante el proceso electoral que le daría el triunfo al presidente Chávez en 1998. En esa oportunidad, las elecciones presidenciales se realizaron el 6 de diciembre (junto con las del antiguo Congreso Nacional), mientras las de gobernadores fueron adelantadas para el 8 de noviembre de 1998, postergándose las votaciones de alcaldes para el año 2000.
De igual forma, el 31 de octubre de 2004 se realizaron elecciones de gobernadores y alcaldes, mientras que el 4 de diciembre de ese mismo año se celebraron las elecciones legislativas.
Lo curioso de esta situación, es que mientras muchos se preguntan respecto a las verdaderas causas del cambio de fecha, así como cuál será la trascendencia de esta medida en cuanto a los resultados electorales, la oposición de ese país pareciera no encontrar ninguna razón para preocuparse. Por lo menos así lo demuestran las declaraciones de sus dirigentes políticos, quienes aseguran que su candidato presidencial estará preparado para dicho evento, cualquiera fuere la fecha en cuestión.
Esta circunstancia, y las graves denuncias que sobre fraude electoral han venido acompañando los procesos eleccionarios en Venezuela, desde la realización del referéndum revocatorio del año 2004 hasta el momento, colocan a las elecciones presidenciales venezolanas en una situación altamente riesgosa. Para nadie es un secreto, que indistintamente de lo leve, o grave, que pudiera representar la enfermedad que padece el mandatario venezolano, (quien ha reconocido sufrir de cáncer), el adelanto de las votaciones le permite a éste un desgaste mucho menor en la campaña electoral, que si las elecciones fueran a realizarse en el mes de diciembre.
Si verificamos que desde que el gobernante asumiera el poder en 1999, hasta el presente, se ha mantenido permanentemente en campaña electoral, (a cuyo efecto para ello ha hecho un uso abusivo de todos los mecanismos que le ha facilitado el poder, como dinero y medios de comunicación, entre otros), es evidente que el acortamiento del plazo de dicha campaña, no representa más que ganancia a su favor. Respecto a la oposición venezolana, la situación resultaría de manera inversa. Contando con pocos recursos económicos en comparación con el candidato oficialista; estando limitada en el uso de los medios de comunicación; siendo perseguidos sus líderes permanentemente (incluso bajo cargos criminales) por las autoridades gubernamentales, y habiéndose comprometido a la escogencia de un solo candidato, mediante elecciones primarias, (para enfrentarse a un veterano electoral, como lo es el presidente-candidato), resulta más que temerario haber aceptado pura y simplemente el adelanto de las votaciones. De hecho, no estando incluida ninguna fecha en particular en la Constitución y Leyes electorales del país para que se efectuaran las elecciones presidenciales, pero existiendo la tradición democrática de haberse celebrado las mismas durante el mes de diciembre, lo más lógico hubiera sido que la fecha en cuestión hubiese sido adoptada por consenso de las partes.
Si a esto le agregamos el desinterés que ha habido, de parte de los sectores opositores en Venezuela, a exigir del organismo electoral la publicación y confrontación del registro electoral permanente (REP) con la realidad; o de la participación en todas las etapas del proceso electoral de representantes permanentes de la oposición – incluyendo en los sorteos para las auditorias de las máquinas y software de votación y en las auditorías en sí; de contar con la posibilidad de una empresa de computación para las votaciones, distinta de la escogida unilateralmente – y sin proceso de licitación-, entre muchas otras situaciones, podremos intuir las consecuencias que de todas estas circunstancias podrán derivarse.
Por si esto fuera poco, dicho país ni siquiera cuenta con un mecanismo de observación electoral confiable. Tanto así, que entre las condiciones establecidas por el organismo electoral, se exige la firma de un convenio de observación electoral a organismos como la Organización de los Estados Americanos, y cualquier otro, en donde dichos observadores se comprometen a no hacer públicas sus denuncias, ni mucho menos sus informes electorales. De igual forma, ninguna de esas organizaciones cuenta con la experticia para que, en el supuesto negado de que el organismo electoral autorizara su presencia en la totalidad de las fases del proceso y sin limitación alguna, verificaran técnicamente la transmisión real y exacta de la data electoral en el momento de las votaciones, así como las demás circunstancias que en un momento dado hagan del triunfo de una de las partes una irremediable derrota.
La situación de Venezuela, en cuanto a la falta de una política coherente en materia de defensa del voto por parte de la oposición al partido de gobierno, se asemeja en muchos aspectos al caso de Nicaragua. Si bien es cierto que en Nicaragua el proceso electoral en sí es básicamente rudimentario, en tanto que en Venezuela el mecanismo electoral resulta altamente tecnificado, en ambos casos ha podido verificarse la existencia de situaciones irregulares que han impedido, si no ganar los respectivos procesos a los sectores opositores, por lo menos conocer la realidad en los cuales los resultados les han sido adversos.
En ambos países, con gobiernos ideológicamente compenetrados, sus oposiciones no han pasado de meras críticas y denuncias en contra de irregularidades y fraude electoral, que pronto han sido olvidadas para dar paso a nuevos procesos electorales, sin que los vicios denunciados hayan sido corregidos, o siquiera corroborados.
Respecto de Venezuela, la situación es aún mucho más grave. Contando con elementos de juicio para hacer valer sus denuncias, como lo demuestran las distintas oportunidades en que técnicos de indudable experticia e idoneidad, han presentado infinidad de estudios que hacen ver tales situaciones, éstos no han tenido el apoyo necesario por parte de los líderes políticos.
Lamentablemente ninguna de estas iniciativas, incluyendo los trabajos de investigación de organismos como “Esdata”, o de miembros de las Universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Metropolitana, todos en Venezuela, de la Universidad de Princenton en los Estados Unidos, y de expertos cuyas investigaciones sobre el fraude electoral han sido publicadas en importantes revistas científicas del mundo, (como el artículo titulado “A Statistical Approach to Assess Referendum Results: the Venezuelan Recall Referendum 2004”, publicado por la revista “International Statistical Review”, Volume 74, Issue 3, pages 379–389, December 2006, y cuyos autores son los venezolanos Maria M. Febres Cordero, y Bernardo Márquez) han tenido mayor efecto en el país.
Las últimas de las elecciones presidenciales a realizarse el próximo año en el Continente Americano, serán la de los Estados Unidos de América, en noviembre de 2012. La grave situación económica que padece la primera potencia del mundo, y el desencanto de un sector mayoritario de los estadounidenses, parecieran marcar la pauta en el proceso electoral. Como un adelanto de lo que podría ser la despedida para el presidente Barack Obama de la Casa Blanca, podemos señalar el resultado de las elecciones para el Congreso de los Estados Unidos en 2010. Allí, el partido republicano obtuvo un importante triunfo electoral, logrando obtener la mayoría en la cámara de representantes, y con esto eliminando la hegemonía que venía ejerciendo el partido demócrata en ambas cámaras. Es cierto que en otras oportunidades este revés político, de perder lo que se considera como “elecciones intermedias”, no necesariamente ha implicado una derrota en las elecciones presidenciales. Incluso, el presidente Bill Clinton perdió dichas elecciones de mitad del periodo, pero ni Barack Obama es Bill Clinton, ni la suma de descontentos había llegado a tales extremos de pérdida de popularidad entre la población, sobre todo en sectores que se manifestaron inicialmente tan afines al llamado del candidato Obama, como las minorías. En lo que respecta a éstas, tal y como hemos señalado en otras oportunidades, los latinos mantienen muy presente que esta administración ha superado con creces las deportaciones de sus compatriotas, ordenadas por el entonces presidente George Bush. Por el lado de las personas de color, y de los jóvenes (usados como bandera de la campaña electoral anterior del presidente Obama), basta verificar los altos niveles de desempleo y las pocas mejoras que el mandatario ha establecido en áreas tan delicadas como la educación, situación ésta última que ha tratado de enmendar en los últimos días con una nueva oferta educativa, para entender la desaprobación que ha producido en sus aliados naturales.
Si bien es cierto que Obama adolece de un importante carisma, también es cierto que la situación para él no debe resultar muy alentadora si consideramos que en los últimos sondeos de las encuestadoras (como “Gallup”), candidatos republicanos, como el ex gobernador del Estado de Massachusetts, Mitt Romney, y el gobernador de Texas, Rick Perry (cuya economía es de las que más ha crecido), ya se encuentran empatados con aquél, en intención de votos por los norteamericanos promedio. Incluso para este momento, realizado el primer debate entre los candidatos republicados en el Estado de Florida, el gobernador Perry ha logrado aventajar a su contrincante Romney para las primarias de su partido.
En todo caso, sea el candidato que fuere en las elecciones presidenciales por el lado de los republicanos, el crecimiento económico del país en un uno por ciento en esta etapa del año, es la mejor consigna que candidato alguno podría utilizar en contra del actual mandatario.
Las circunstancias señaladas respecto a los procesos electorales en esta parte del mundo, si bien ponen en evidencia una serie de elementos propios de cada uno de los países que estarán sometidos al escrutinio electoral, identifican a su vez ciertas características en común que aquejan a la mayoría de nuestros pueblos. Descontento por parte de la población respecto a la manera como nuestros líderes han venido haciendo política durante años, con ofertas genéricas de eliminación de la pobreza, lucha contra la corrupción, o construcción de viviendas, entre muchas otras, sin que los respectivos candidatos sean capaces de entender que dichas ofertas deben ser sustituidas con demostraciones concretas de cómo pretenden cumplirlas, representan algunos detalles capaces de hacer cambiar el destino de una Nación en fracción de segundos. Frustración por promesas incumplidas y por la existencia de desigualdades sociales; y en general, impotencia por parte de los votantes para hacer valer sus propias reivindicaciones, pueden convertirse en terribles consejeros a la hora de elegir candidatos. En todo caso, si bien no existen soluciones únicas, ni estrategias universales para enfrentar las campañas electorales, sólo los procesos electorales dirigidos con transparencia para garantizar el voto de los ciudadanos; el esfuerzo imparable de los candidatos para transformar las situaciones de adversidad; y el respeto a las leyes de la física que exige poner los pies sobre la tierra, harán la diferencia entre el triunfo y una estrepitosa derrota, a cuyo efecto debemos recordar que mientras para cada uno de nosotros nuestro problema es el más importante, el mundo sigue dando vueltas.
