A las Puertas De Las Elecciones Presidenciales En Venezuela

Virginia Contreras

El pasado 12 de febrero los venezolanos escogieron mediante elecciones primarias a quien habrá de enfrentarse al presidente Chávez en las elecciones de octubre próximo.  El solo pensar que por fin la oposición venezolana entendió la necesidad de unir sus esfuerzos en un solo candidato ya es un triunfo.  Con 1.806.860 de votos, Henrique Capriles, gobernador de Miranda,  se coronó como el único contendor de la oposición.  

Mucho se ha dicho sobre la situación de Venezuela. A la crisis política que padece ese país, se le une una alarmante inflación y un índice de criminalidad impresionante.  Por si fuera poco, sus relaciones con gobiernos como el de Irán, hoy en día en la mira de la comunidad internacional por la amenaza que representa el desarrollo de la energía nuclear con intereses bélicos, así como su vinculación con el régimen cubano, asfixiado económicamente y cuya supervivencia depende casi exclusivamente de la colaboración venezolana, son elementos suficientes para entender el drama que padecen los venezolanos.

Si a esto le agregamos el extraordinario poder que ha venido acumulando el gobernante venezolano, en donde valores como el principio de la división de poderes es algo menos que una caricatura; el alto índice de popularidad que todavía mantiene el mandatario (40%), y sus políticas populistas (“misiones”), en donde se premia la lealtad de los ciudadanos con entrega de cantidades de dinero, o de otros beneficios, el escenario no es nada alentador.

De allí que cuando apreciamos la actitud asumida por el recién electo candidato, siendo que frente al sistema marxista que el gobierno bolivariano esta pretendiendo implantar, sustituyendo la propiedad privada por la propiedad comunitaria, modificando el régimen político territorial del país mediante la creación de nuevas organizaciones políticas (Consejos Comunales) que obedecen las directrices del poder central, y amenazando con el uso de la fuerza armada, y de grupos paramilitares (Círculos Bolivarianos, “Colectivos”, entre otros), a fin de defender a la revolución,  nos preocupe que el mensaje del candidato opositor sea simplemente el de la continuidad de los programas sociales y el  llamado de “gobernar para todos los venezolanos.”

Presidente Venezolano, Hugo Chavez

Convencer a un electorado dividido entre chavistas y opositores, mezclados con un 30 % adicional, que se declaran contrarios a estos dos grupos, los cuales han sido denominados “Ni-Ni” (ni chavistas, ni opositores),  representa una labor mucho mas seria que una simple declaración de principios.  A esto le agregamos que de acuerdo a investigaciones realizadas por expertos, publicadas en revistas científicas de prestigiosos organismos internacionales, como el “International Statistical Institute” (Volume 74 Number 3, Page 370, December 2006), y de otros estudios posteriores, existen una serie de anomalías que hacen presumir la falta de transparencia en el sistema electoral venezolano, haciendo la situación peor aun. De hecho, en todos los estudios publicados hasta ahora existen fundados elementos que podrían demostrar la existencia de entre 3 a 5 millones de personas virtuales inscritas en el registro electoral. De igual forma los análisis estadísticos demuestran un crecimiento desmesurado de la población electoral venezolana en comparación con la población en general. Así tenemos, por ejemplo, que para el periodo 2000-2004 la población electoral venezolana aumento en un 20 %, mientras que en ese mismo lapso la población en general solamente creció un 6%. De igual forma, para el periodo 2004-2011 la población en general aumento al 1,7% interanual, pero la población electoral aumento en un 31 %. Con esto queremos decir que el panorama electoral resulta bastante oscuro.

Henrique Capriles

El triunfo de Capriles representa un mensaje alentador para todos esos venezolanos que desde hace años han pensado que Chávez es indestructible. La experiencia adquirida en la organización de la campaña electoral en las primarias será de gran utilidad para las elecciones presidenciales, pero no son lo único, ni lo más importante.  

Nadie esta pretendiendo que Capriles se enfrasque en los mismos insultos, ofensas y provocaciones a los que el presidente Chávez nos ha acostumbrado durante estos 13 años de su mandato, pero actuar como si nada ocurriera en Venezuela puede resultar incluso más grave que la propia confrontación, más aun cuando lo que esta en juego es nada menos que la supervivencia del sistema democrático en Venezuela. El resultado entre una decisión acertada y una estrategia equivocada puede ser la diferencia entre un merecido triunfo o una estrepitosa derrota para la democracia venezolana.

Venezuela, Elecciones 2012: Lo importante no es competir, sino ganar

                                              Virginia Contreras 

  

                                                           

Venezuela se organiza nuevamente para la realización de elecciones primarias a fin de escoger al candidato presidencial que deberá enfrentarse al actuar presidente de la Republica en las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre. La primera vez que bajo el actual gobierno se planteó la organización de elecciones primarias fue en el año 2006, oportunidad en la que el para entonces gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales, a última hora logró el consenso necesario para presentarse como candidato de los mas importantes partidos políticos de oposición. Aun así, otros 13 candidatos opositores  lo acompañaron en la contienda electoral, si bien sin ninguna posibilidad real de triunfo. En ese momento la organización no gubernamental “Súmate” se encargó de la organización de las elecciones primarias, si bien estas nunca llegaron a materializarse.

En aquella oportunidad la referida organización hizo públicas las irregularidades que a su juicio el proceso electoral venezolano presentaba (“Monitor Electoral”, Súmate, Julio 2006, #13, año 2), citamos: “Por unas Elecciones Limpias y Confiables: Súmate es ampliamente conocida en el país  por su Campaña por elecciones limpias, con cinco Condiciones indispensables que deberían ser aseguradas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), como administrador electoral: un Registro Electoral confiable, el Voto secreto, asegurar que sean contadas a mano todas las boletas de votación, Auditorias totales y Observación electoral calificada. Adicionalmente, en el caso de estas elecciones presidenciales en las que el presidente será uno de los contendores, la campaña debe regularse especialmente a fin de evitar abusos en el manejo de los recursos públicos en su proselitismo político, para asegurar la igualdad de todos los aspirantes en la competencia electoral.”(Sic).  Hasta el presente ninguno de estos vicios ha sido solventado, incluso podríamos afirmar que se han incrementado notablemente.

Desde entonces han transcurrido 6 años en los cuales el CNE se ha encargado de organizar, dirigir y ejecutar 1 elección presidencial, 2 elecciones regionales, 1 elección municipal, 3 elecciones a determinadas alcaldías, 1 elección parlamentaria, referendos revocatorios en siete estados del país, 1 referéndum a la reforma constitucional, 1 referéndum aprobatorio de la reforma constitucional, 1 elección regional del PSUV, y 1 elección de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo, Gas, sus Similares y Derivados de Venezuela.  

En el presente no pareciera vislumbrarse ninguna renuncia anticipada en bloque que pudiera dar al traste con las primarias con excepción de la declinación del pre candidato Leopoldo López a favor del gobernador del estado Miranda, su ex contendor Henrique Capriles Radonski, circunstancia nada sorpresiva si consideramos que gracias a una medida administrativa dictada por la Contraloría General de la Republica, aquel se encuentra inhabilitado para ejercer funciones públicas por varios años en el país.

Pero aun cuando el referido evento electoral pareciera marchar en relativa calma, son muchas las circunstancias que rodean la vida política venezolana y que ameritan una reflexión respecto a lo que representa este proceso con miras a las elecciones presidenciales futuras.

Rumores sobre la salud presidencial, denuncias sobre la amenaza que representa para la seguridad de Venezuela la presencia de miembros de los gobiernos de Irán y Cuba en territorio venezolano, alarma ante la posibilidad de que el gobierno venezolano pudiera estar facilitando uranio para el desarrollo de energía nuclear con fines bélicos por parte de Irán, auge del narcotráfico en el país suramericano como puente hacia el mundo, son algunas de las circunstancias en las cuales la sociedad venezolana, sus lideres políticos, y algunos miembros de la comunidad internacional se han hecho eco.

Presidente Hugo Chavez

Por si esto fuera poco, las expropiaciones a diestra y siniestra que el mandatario venezolano ha venido imponiendo, la aprobación de leyes que limitan cada vez mas la propiedad privada, o el ejercicio de la actividad económica,  y que cercenan cada día mas los derechos fundamentales de los ciudadanos, demuestran que indistintamente de la denominación que cada cual le quiera endilgar a la ideología del gobierno bolivariano, es innegable su corte Marxista, en el cual el único que detenta la propiedad es el Estado, y en donde la limitación hacia los derechos fundamentales de los ciudadanos es cada día mayor.

Bajo estas premisas se mueve Venezuela, un país con extraordinarias bellezas naturales y riquezas que harían palidecer de envidia a cualquier gobernante latinoamericano. Tierra de mentes brillantes, como lo demuestra la cadena de cerebros que han sido ovacionados por el mundo. Por nombrar alguno podríamos mencionar al Dr. Humberto Fernández Morán, genio de la ciencia, e  inventor entre otras cosas, de la "cuchilla de diamante"; Arturo Uslar Pietri, abogado, político y escritor venezolano, quien ya para 1936 entendió el drama que significaba para Venezuela, el vivir exclusivamente de la renta petrolera, como lo demostró con su frase “Sembrar el Petróleo”; Gustavo Dudamel, joven músico y director de orquesta, cuya genialidad musical y su carisma ha dado la dado de qué hablar en la generalidad del planeta.  En  fin, que son muchos los venezolanos que por su tesón y su capacidad podríamos mencionar como ejemplo del país al cual nos estamos refiriendo.

De allí que cuando hablamos de las próximas elecciones primarias, no resulta extraño  reconocer que efectivamente, cada uno de los precandidatos, indistintamente de las preferencias de los potenciales electores, posee cualidades que los diferencian del común denominador, y que los hacen percibir como personas de bien, interesadas en el futuro del país. La pregunta que habría que  hacerse es si estas cualidades son suficientes para ganar elecciones.

Un aspecto que debemos tomar en cuenta para entender la actitud de los precandidatos presidenciales, es el conocer el origen de la organización que hoy los agrupa, conocida como “Mesa de la Unidad Democrática” (MUD), la cual incluye tanto a los precandidatos presidenciales como a los partidos políticos opositores al gobierno bolivariano.

El primer antecedente que se tiene de la Mesa de la Unidad, es la conocida “Coordinadora Democrática”, creada en octubre del 2002 como una coalición de partidos políticos, asociaciones civiles y ONG venezolanas, todas opositoras al gobierno bolivariano, la cual participó activamente en el paro petrolero iniciado en diciembre 2002, y colaboró en la organización del referéndum revocatorio de 2004. Entre ambos periodos (2002-2004) surge como un mecanismo de intermediación entre oposición y oficialismo, lo que recibiría el nombre de “Mesa de Negociación y Acuerdo”. Producida la intempestiva salida del poder del presidente Chávez el 11 de abril de 2002, y dada la polarización extrema de la sociedad venezolana entre afectos al gobierno y detractores de este, se crea esta organización, cuyos pilares fundamentales serían el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, el ex presidente Cesar Gaviria, y el 

Centro Cartel, representado por el ex presidente Norteamericano Jimmy Carter. Ambos ex gobernantes fueron reconocidos entonces como facilitadores.  El punto culminante de dicha organización resultaría con la realización del referéndum revocatorio de agosto de 2004, oportunidad en la cual, no sin quejas y denuncias de fraude e irregularidades en dicho proceso -las cuales fueron desestimadas por los facilitadores- se impuso numéricamente la opción representada por el presidente venezolano, siendo este ratificado en su cargo.

Bajo estos dos frustrados antecedentes, en abril de 2010 un grupo conformado por reconocidos miembros de los partidos políticos opositores al régimen, después de hacer un copioso análisis de la situación del país, concluye en la necesidad de constituir una organización, (la “Mesa de la Unidad Democrática”), en  la cual se comprometían a “poner todo nuestro esfuerzo en la lucha por alcanzar libertad, justicia y bienestar para todos los venezolanos, sin distinción alguna.”(Sic).

Vemos pues, que en las tres organizaciones que han sido creadas por parte de sectores políticos influyentes, críticos a la política gubernamental, siempre ha habido una constante: la grave situación de crisis política, social y económica que erosiona la democracia venezolana y que amenaza con desmoronarla totalmente de no tomarse medidas contundentes para evitarlo. Tanto, que a los fines “de alcanzar la meta de evitar que gobierne (el presidente Chávez) por seis años mas” (Sic), el pasado año la MUD hace un llamado publico a fin de realizar elecciones primarias con el objeto de designar un candidato unitario, tratando así de presentar una candidatura homogénea y fuerte, y evitando la dispersión del voto como sucediera en el 2006.

A raíz de este momento fueron muchas las discusiones presentadas frente, a lo que si bien poseía un evidente sentido práctico, cercenaba por otro lado el natural derecho de todo ciudadano no solo de escoger entre distintas opciones a sus lideres, sino de presentarse como opción para ser elegido. Bajo la premisa de la “emergencia del caso”, y dada las negativas experiencias del pasado, un grueso sector de la oposición venezolana optó por la necesidad de realización de elecciones primarias a fin de escoger al candidato capaz de enfrentar a ese potentado político, que resulta el presidente Hugo Chávez.

Tal y como hemos escuchado denunciar con voz desgarradora por distintos sectores de la sociedad venezolana, las elecciones presidenciales a realizarse en octubre próximo, representan una oportunidad única para la oposición venezolana para desmontar todo el “aparataje político” que ha mantenido en el poder al gobernante revolucionario. Cuando hablamos de aparataje político evidentemente que debemos incluir el andamiaje jurídico en el cual se han basado las reformas a todo el sistema democrático y a una economía abierta en Venezuela, así como la transformación ética y moral que ha venido tratando de inculcarse en los valores tradicionales de la sociedad venezolana, comenzando por los niños, hasta llegar a instituciones como la Fuerza Armada, hoy denominada Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Diversas tareas entonces le correspondían a la Mesa de la Unidad, a los precandidatos presidenciales, a los líderes políticos, e incluso a sus seguidores. Por un lado, dirigir su atención a los fines de materializar la realización de elecciones limpias y transparentes, como exige la Constitución de la Republica y a la cual tienen derecho todos los venezolanos.  Es posible que muchos de los precandidatos, e incluso importantes líderes de la oposición venezolana, dudaren de la posibilidad real de existencia de un fraude electoral. No obstante, frente a la confianza que representa el apoyo solidario de tantos venezolanos dispuestos a sacrificar sus intereses por una candidatura única, así como frente a la infinidad de denuncias respecto a lo que representa esa caja negra llamada “Registro Electoral”, el simple hecho de la “duda” resulta suficientemente grave como para desechar esa posibilidad.

No menos importante que lo anterior resulta la necesidad de imponer a un candidato (a) capaz de atraer no a los convencidos de la necesidad de un cambio, sino a aquellos que incluso hoy en día, y a pesar de sus penurias personales, todavía son capaces de votar por el oficialismo, simple y llanamente porque no existe ninguna persona, ningún candidato, ningún partido político, que le haga mover los cimientos de su espíritu, para atreverse a cambiar su suerte, con las eventuales consecuencias que esto podría representar para aquellos.

En lo que respecta al primero de los planteamientos, la sociedad venezolana, e incluso la comunidad internacional, aprecia con desconcierto, como a pocos días de las elecciones primarias y a tan pocos meses de la elección presidencial, no ha habido absolutamente nadie dentro de la MUD, ni mucho menos de los precandidatos presidenciales que haya presentado un plan de acción, una estrategia coherente,  a fin de o demostrar la existencia de un inmenso fraude en las elecciones generales, o por lo menos de desvirtuar las dudas que se han creado a raíz de las denuncias realizadas por expertos e importantes centros de estudio y de pensamiento, tanto en Venezuela como en el exterior en relación con el fraude electoral.

Denunciar pura y simplemente la existencia de un Consejo Nacional Electoral parcializado, o las irregularidades del registro electoral, u ofrecer luchar por la transparencia electoral, a escazas horas de las elecciones primarias, en donde casualmente actuará como maestro de ceremonias dicho organismo electoral, resulta poco menos que ilusorio, sobre todo al recordar que las autoridades electorales han sido escogidas por la Asamblea Nacional para cubrir un periodo que vence el año 2013. Anunciar con bombos y platillos que se invitaran a Observadores Internacionales a fin de que constaten la transparencia del registro electoral resulta más irrisorio aun, toda vez que de acuerdo al Artículo 28 de la  Ley Orgánica de Procesos Electorales, si bien se reconoce la publicidad del registro electoral, se establece una importante limitación, y es que para acceder a los datos que facilitarían al electorado, (y por supuesto a los expertos), la verificación de la “existencia real” de los votantes registrados, “a fin de garantizar el derecho a la privacidad e intimidad de cada persona, el acceso a los datos relacionados con la residencia será limitado y sólo podrá obtenerse a través de requerimientos de autoridades judiciales o administrativas.”(Sic). En otras palabras, que si usted desea confrontar la identidad de un votante, con sus otros datos personales a objeto de conocer si ese elector existe o no, deberá solicitar “autorización judicial” para lograrlo. Cualquiera podrá suponer lo que significa esto en un país en donde el Poder Judicial esta de adorno.

El otro aspecto determinante, y no menos importante, se refiere al tipo de campaña pre electoral que se ha venido realizando, así como a las propuestas y mensajes enviados tanto por los precandidatos individualmente, como aquellos contenidos en el Programa de Gobierno presentado al país por la Mesa de la Unidad. En este sentido llama poderosamente la atención la discrepancia existente entre el grito de auxilio que resonaba con desesperación por parte de los lideres políticos que han presentado su opción electoral respecto a lo que significa para Venezuela y para la democracia, el oprobioso gobierno actual, y la actitud asumida por estos una vez que parte de la sociedad venezolana les diera su confianza.

Si analizamos todas y cada una de las propuestas presentadas al país, las mismas se dirigen a corregir los vacíos, los vicios, o las irregularidades existentes en un gobierno, que por lo menos en la forma, fue elegido democráticamente. ¿Qué diferencia podría haber entre criticar la descentralización, ofrecer mayor construcción de viviendas, contribuir a crear pequeñas o medianas empresas, adecentar el Poder Judicial, o limpiar las instituciones del Estado, si no se le explica a los venezolanos que todos estos elementos no son la causa de su desgracia, sino los síntomas de una Nación, que quiéranlo o no reconocer, ha transformado su “sistema político” en un estiércol de valores? 

Y es que si de ganar elecciones presidenciales se trata, en la medida en que no exista sinceridad para enfrentar la verdad, o lucidez para conocerla, tampoco existirá la posibilidad de atraer a nadie, más que a los originales adeptos, para convencerlos fieramente respecto a la factibilidad de cambiar el rumbo de la Patria por la vía de los votos. ¿Cómo hacer para transmitirle a los afectos al gobierno bolivariano, a los miles de adoradores de una imagen- la imagen del vengador que ha llegado a Miraflores para hacerles pagar a quienes nada hicieron por aquellos durante mas de cuarenta años de democracia, que deben votar por los otros? ¿Qué hacer para obtener la simpatía de aquellos que sin estar unidos sentimentalmente a la imagen presidencial se han beneficiado económicamente de dicho entorno? ¿Cómo actuar frente a aquellos que están hartos de escuchar palabras vacías tanto del gobierno, como de la oposición en general, para convencerlos que vale la pena arriesgarse, y que el votar por la oposición, representaría la única opción pacifica a la crisis, antes de que sea demasiado tarde?

Distintos ejemplos existen respecto a ese “mensaje” capaz de contener toda una idea de optimismo, de lucha, de compromiso con los electores. Lo hemos visto en las pasadas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, en donde un inexperto candidato de color, Barack Obama, en un simple slogan, el “Yes, We can” (Si, Nosotros podemos) aseguraba firmemente que con confianza en si mismos y con voluntad para ganar, se podía obtener el triunfo.  Cualquiera podría afirmar que solo se trataba de un tip publicitario, pero más allá de allí, esas simples palabras contenían la razón de su futuro gobierno, aquel que se dedicaría a atender a quienes nunca habían “podido” llegar a nada. La respuesta se materializó hasta el punto de haber sido la primera persona de color en llegar a la presidencia de la potencia más importante del mundo.

Lo apreciamos en las elecciones presidenciales colombianas, en donde el para entonces candidato, Álvaro Uribe, arremetía contra todos sus antecesores prometiendo que su política de “Seguridad Democrática”, significaría precisamente eso: más democracia, pero más seguridad basada en los valores de dicha democracia. Tanto fue el resultado de ese mensaje que el candidato Uribe no solo llego a ganar las elecciones, sino que se mantuvo en el poder durante ocho años.

Lo observamos en Venezuela con la “Democracia con Energía”, del entonces candidato Carlos Andrés Pérez, electo presidente dos veces; o Rafael Caldera con “El Cambio Va”, igualmente presidente en dos oportunidades. No estamos hablando de las consignas publicitarias que representan dichas frases, sino del contenido que conlleva para el elector el escuchar aquel mensaje que efectivamente coincida con su realidad, hasta el punto de hacerlo capaz de arriesgarlo todo a cambio de una esperanza. ¿Cree alguien que las promesas de un “Capitalismo Popular”, de una “Asamblea Nacional Constituyente”, de construcción de más viviendas, de eliminación del control de cambio, e incluso la reducción de la criminalidad, son herramientas suficientes para atraer el corazón de estos votantes?

Quienes así lo piensan confunden los medios con los fines, e incluso en algunos casos  hasta adecúan el diagnóstico a sus propias soluciones. Olvidan que el mal de Venezuela no es estructural, sino congénito y que para cambiar las estructuras debes tronchar las raíces de lo que apenas comienza, y no maquillar a su imagen lo que huele mal.

La historia de la humanidad ha estado marcada de tropiezos, de situaciones en las cuales la civilización ha tenido que enfrentarse bajo las peores circunstancias. Aun así ha podido salir airosa. Frente al inmenso reto que significa ganar las elecciones presidenciales bajo las condiciones antes descritas son muchos los que se amilanan, pensando que todo esta perdido. Pero muy seguramente también habrá quienes ante la adversidad serán capaces de reaccionar, entendiendo que si quieres soluciones distintas, no puedes continuar haciendo las mismas cosas.

¿Será que no quieren ganar las elecciones?

Elecciones a la vista

26 Sep 2011

Por: Virginia Contreras

Si bien el presente año ha estado marcado por infinidad de crisis políticas a nivel mundial, el tema de los procesos electorales para escoger a los mandatarios en los distintos países del Hemisferio Occidental, no deja de ser interesante.  En lo que va del 2011, tenemos el caso de Haití. Aún cuando la primera vuelta se celebró en noviembre de 2010, los resultados fueron hechos públicos en enero de este año. El proceso electoral haitiano estuvo identificado por el fraude y la incertidumbre. Las autoridades electorales se vieron obligadas, por el clamor social y prácticamente la amenaza a una revuelta popular, a anular la segunda vuelta electoral. Con esta decisión quedaría excluido el candidato oficialista, Jude Celestin, (yerno del para entonces presidente, René Preval), siendo sustituido por su seguidor más cercano, el cantante  Michel Martelly, quien en definitiva logró el triunfo en el ballotage realizado en marzo pasado.

Otro de los procesos electorales celebrado este año, fue el del Perú. Allí su desenlace pareciera mantener bajo hipnosis a la sociedad de ese país, y es que mientras el presidente Humala trata de mantener el equilibrio económico heredado del ex presidente Alan García, a los fines de transmitir tranquilidad a la población, no hace lo mismo en el plano político. El caso del Perú nos evidencia una vez más lo que ha venido significando en la América Latina la pérdida de las ideologías, el desprestigio de los partidos políticos y la poca visión de sus líderes frente a las oportunidades que les presenta el destino.  En Perú, a pesar de que la suma de todos los votos  de los partidos opositores al candidato Humala hubiera sido más que suficiente para elegir en la primera vuelta al economista Pedro Pablo Kuczynski, no hubo posibilidades de entenderse. De igual forma, en la oportunidad de celebrarse la segunda vuelta electoral, en donde la población votante debía escoger entre los candidatos Humala, y Keiko Fujimori, no sólo no fue posible llegar a un consenso a favor de ésta última, sino que la propia oposición a Humala, particularmente el ex presidente y ex candidato presidencial Alejandro Toledo, y el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, dedicaron su atención a realizar campaña en contra de la Sra. Fujimori. El resultado fue el triunfo del candidato Humala como presidente de la República, y con esto, el establecimiento de ciertas políticas por parte del nuevo mandatario, cuyas consecuencias podrán verificarse en el curso del tiempo, pero que en todo caso resultan suficientemente alarmantes, hasta la fecha,  como para comprender el efecto que tarde o temprano podrían producir en la sociedad peruana.

Junto al show producido en el momento de la juramentación del presidente Humala, (quien ofreció su lealtad a una Constitución derogada), y de las designaciones iniciales que éste hiciera respecto a su nuevo Gabinete (referidos en nuestro artículo “No Jurarás su Santo Nombre en Vano”), el nuevo mandatario nombra como presidente ejecutivo del Consejo Directivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida) a Ricardo Soberón Garrido, (cargo que en otros países equivaldría al “zar antidrogas”) y de quien depende el diseño de la estrategia en contra del tráfico de drogas en esa Nación.

Lo curioso de esta escogencia, es que el nuevo zar es conocido públicamente por ser el asesor de  grupos cocaleros en los valles del Alto Huallaga, de los ríos Apurímac y Ene (en el área conocida como el VRAE), así como de la cuenca de La Convención y Lares (Cusco), cuyas organizaciones se han opuesto tradicionalmente a la erradicación de la hoja de coca.  De allí que no haya podido sorprendernos, que a casi un mes de su juramentación, dicho funcionario haya informado sobre la decisión de “suspender temporalmente” la erradicación de la hoja de coca  en el Huallaga, (segunda zona con mayor producción de coca del país, y de la cual el propio zar anti drogas ha fungido como asesor de los grupos cocaleros). La comunicación de la referida estrategia vino acompañada por la justificación de que “en otros países del mundo, como Afganistán, Colombia, Méjico, y Bolivia, comúnmente se producen pausas para hacer evaluaciones” (sic).

Esta opinión resulta poco menos que ingenua, si consideramos que la misma proviene de un experto. Basta recordar cómo precisamente los gobiernos allí mencionados han venido padeciendo a lo largo de su historia las terribles consecuencias políticas, sociales y económicas de su permisividad en la lucha contra las drogas, facilitando en muchos casos, por su omisión, la creación de organizaciones y carteles capaces de competir con el poder del Estado mismo. Todos estos gobiernos, con excepción de Colombia, cuyas fuerzas militares han sido duramente entrenadas para enfrentar a las organizaciones narcoterroristas, (otorgándole con esto confianza a los sectores campesinos que se habían visto compelidos, muchas veces a cambio de sus vidas, a sembrar la droga para dichas organizaciones), padecen hoy en día un verdadero drama. En el caso de Bolivia, habría que examinar hasta qué punto sus propias autoridades estarían involucradas con la siembra de la coca con fines non sanctos. De hecho, analistas provenientes de ese mismo país coinciden en señalar la vinculación de la economía boliviana con el tráfico de drogas.

Pero esta política de parte del nuevo gobierno peruano, amerita una consideración aún mayor. Como  lo hemos referido en otras oportunidades, el destino del Perú, por lo menos mientras algunas de sus autoridades persistan en triangular la relación con ciertos funcionarios bolivianos,  y con organizaciones terroristas peruanas (Sendero Luminoso), estará unido al futuro de Bolivia. Para entender la amenaza  en la cual se ve envuelto el Perú, vale la pena verificar cómo autoridades policiales de gobiernos, como los de Estados Unidos y Colombia, han vinculado a ciertos dirigentes bolivianos con carteles del narcotráfico de Méjico, Colombia (entre ellos integrantes del cartel del “norte del valle”) y Brasil, e incluso con la organización terrorista peruana, “Sendero Luminoso”.

Si todavía existe duda respecto a tales dichos, cabría destacar el reciente caso del ex jefe antidrogas de Bolivia, general retirado René Sanabria Oropeza, quien fuera comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) entre 2007/2008, miembro del Alto Mando policial, en 2009, y director del Centro de Inteligencia y Generación de Información (Cigein) del Ministerio de Gobierno, desde 2010 hasta el 23 de febrero de este año,  (caso conocido como “Sanabria-gate”). El referido militar fue acusado de conspiración para traficar cocaína ante la Corte de Justicia de Miami, Estados Unidos, siendo sentenciado este 23 de septiembre por dicha Corte, a cumplir una pena de 14 años de prisión. Con esto podremos entender hasta qué nivel se encontraría comprometido el gobierno de Bolivia en este tipo de hechos, así como el riesgo a que se someten las autoridades peruanas, de pactar, o conciliar, algún tipo de intereses con aquel.

Si esto fuera insuficiente, refresquemos la memoria al hecho de que hace un tiempo fueron capturados en Bolivia, -gracias a la información suministrada por autoridades colombianas-, los hermanos Carlos Noel (alías “Porre Macho”), y Héctor Fabio Buitriago (el primero de los nombrados deportado al Perú, mientras que su hermano Héctor, permanece detenido en la cárcel de Palmasola, Bolivia). De estos ciudadanos se llegó a conocer que una vez cumplida una sentencia de cuatro años de prisión en Colombia, inmediatamente salieron a Bolivia. La Inteligencia de Colombia reveló que gracias a estos personajes, desde el 2006 entraron unos 3.000 colombianos a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) para trabajar con el narcoterrorista, alias “Martín Llanos”, cuyo verdadero nombre es Héctor Germán Buitrago, primo de los dos primeros. Martín, según las investigaciones, estableció su grupo criminal en una zona rural cruceña, tras la acción militar en su contra por parte de Colombia. De igual forma fue capturado el peruano Ulser Pillpa Paitan, (miembro de Sendero Luminoso), organización ésta, que con la presunta colaboración de autoridades bolivianas, se le ha vinculado con la  contribución a la campaña electoral del para entonces candidato presidencial Ollanta Humala, y a quien se le atribuye la verdadera razón de la suspensión de la erradicación de la hoja de coca en el Perú (a cuyo efecto nos remitimos a nuestros artículos titulados  “El Triángulo de las Bermudas de Ollanta Humala”, y “Gana Perú”).

Siguiendo con los procesos electorales, podemos mencionar a Guatemala. El pasado 11 de septiembre se celebró la primera ronda electoral en ese país, resultando ganador, aún cuando sin votos suficientes para evitar el ballotage, el general retirado Otto Pérez Molina. Si bien desde hace meses se percibía el primer lugar para dicho candidato, el cual ha basado su campaña electoral en la lucha contra la criminalidad que ha azotado al país centroamericano, lo que no era posible prever era la diferencia de votos que acercaría al que ocuparía el segundo lugar en dicha contienda con la presidencia, el empresario Manuel Baldizón. Este último se habría beneficiado de los votos que quedarían huérfanos tras la nulidad de la inscripción electoral por parte de las autoridades judiciales de ese país, de la candidata oficialista, la ex esposa del actual presidente Álvaro Colom, Sandra Torres. Esta, después de largos meses de incertidumbre de la población guatemalteca, fue acusada de fraude a la Ley, por haberse divorciado del actual mandatario con el objeto de evadir la prohibición constitucional que le impedía como  cónyuge del jefe de Estado en funciones, ser candidata presidencial. En todo caso, habrá que esperar hasta el mes de noviembre para conocer los resultados de la segunda vuelta electoral.

Argentina será otro país con elecciones presidenciales este año. Si recordamos que la actual presidenta de esa Nación obtuvo el pasado mes de agosto el 50, 32 % de los votos en las elecciones primarias obligatorias, celebradas en el país sureño, podrá suponerse el triunfo que obtendría en la primera ronda electoral a realizarse  en octubre próximo, y de la cual existen expectativas respecto a que pudiera no ser necesario acudir al ballotage. Allí, tal y como ha ido sucediendo con infinidad de países en el Continente Americano, la oposición ha venido perdiendo credibilidad, toda vez que ni sus líderes, ni sus discursos, han logrado atraer el interés de la población. Es el gobierno quien ha venido imponiendo el discurso político, sin que la oposición haya podido imponer alguna visión alternativa en materia de reivindicaciones sociales a la población. Como es conocido, Cristina Kirchner ha representado, dentro de este desdibujo de los partidos políticos, un movimiento político extremadamente populista cuyo origen fue el tradicional peronismo. No obstante, su  ambigüedad es tal, que resulta difícil definir una sola de sus características. Cristina es progresista, pero conservadora, no se define como realmente de izquierda, pero tampoco de derecha, es nacionalista y por ende antiimperialista. Todo ello para atraer a las masas, y dentro de ellas a un sector muy particular: la juventud. Con esto tratará de evitar una segunda vuelta a toda costa.

Nicaragua celebrará sus elecciones presidenciales en el mes de noviembre, las cuales de antemano se avizoran plasmadas de irregularidades. Para ello basta recordar el resultado de las pasadas elecciones de alcaldes, vicealcaldes y concejales del 2008, en donde se acusó al partido de gobierno, el  Frente Sandinista de Liberación Nacional (Fsln), de manipulación de votos, falta de transparencia en el conteo y reconteo de votos, e impedimento de acción para los observadores electorales, como la Organización de los Estados Americanos. De hecho, el Consejo Nacional Electoral de Nicaragua se negó a acreditar a éstos observadores, bajo el argumento de que no gozaban de neutralidad.

El resultado fue el triunfo mayoritario de los afectos al gobierno sandinista, circunstancia que produjo graves hechos de violencia en la población descontenta. Recordemos incluso, el trágico suceso del suicidio del el ex boxeador (1999), y alcalde de Managua, Alexis Argüello, quien en una supuesta carta de despedida, acusara al presidente Ortega y a la primera dama respecto a irregularidades dentro del gobierno, e incluso frente al mencionado proceso electoral.

Estas circunstancias, de fraude electoral, unido a la inconstitucionalidad de la participación del presidente Ortega en las elecciones que se avecinan, son suficientes para pronosticar el desenlace electoral en ese país. Ortega, a pesar de la prohibición constitucional de la reelección (Artículo 147),  haciendo uso de un recurso de amparo interpuesto ante un Tribunal de Apelaciones de Managua, logró la desaplicación de dicha norma para presentarse a la reelección, que sin duda alguna ganará. Si le unimos las denuncias hechas por la sociedad de ese país respecto a los impedimentos que han venido siendo impuestos para negársele el acceso a sus documentos de identidad a los votantes –indispensables para ejercer el voto-, el uso de los dineros públicos por parte del jefe de Estado en la campaña electoral, el abuso en la utilización de su imagen ante los medios de comunicación, y la división que existe entre los partidos de oposición, representados por el ex presidente Arnoldo Alemán, (Partido Liberal Constitucionalista-“PLC”-, e incluido por la organización “Transparencia Internacional” en la lista de los 10 gobernantes más corruptos del mundo de los últimos 20 años); Fabio Gadea, empresario de 80 años de edad, candidato de la Alianza “PLI-UNE”, y el diputado liberal disidente y ex dirigente de la “Contra”, Enrique Quiñónez Tuckler, (Alianza Liberal Nicaragüense, “ALN”), entenderemos la facilidad con que Daniel Ortega logrará ser reelecto.

Esto sin contar con las medidas populistas que ha venido ejecutando el gobernante, como la repartición del llamado “bono solidario”. Este bono, producto de la contribución del “ALBA”, (por no mencionar específicamente al gobierno de Venezuela), gracias a las millonarias donaciones de por lo menos una docena de empresas vinculadas a este organismo, (cuyas contribuciones están excluidas del control del Parlamento nicaragüense) le han permitido a Ortega el subsidiar a sectores de la población, y entregar unos 50 dólares mensuales, que son repartidos religiosamente entre todos los funcionarios públicos (400.000 personas) de Nicaragua, como colaboración especial.

En lo que respecta a los procesos electorales de 2012, en el mes de mayo el pueblo dominicano elegirá a su próximo presidente. Sobre República Dominicana, hasta el presente las encuestas vienen indicando al primer lugar para el opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), cuyo candidato es el ex presidente Hipólito Mejías.

Otro de los países que escogerá a su mandatario el próximo año, es Méjico. La preferencia electoral luce hasta el momento imparable. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual gobernara a ese país por casi un siglo, perdiendo su hegemonía en el 2000 con el triunfo del candidato Vicente Fox (PAN), tiene la primera opción para regresar al poder. Hasta el presente no pareciera que hubiera alguien capaz de interponerse en unas elecciones primarias en contra de Enrique Peña Nieto, actual gobernador del Estado de Méjico  y quien luce como el principal candidato de ese partido para la Presidencia de la República. Se habla de un 40,1% de respaldo para el PRI, un 15,9% para el PAN y un 10,6% para el PRD, (este último analizado sin la coalición).

El regreso del PRI evidencia la crisis de gobernabilidad que indefectiblemente afecta al presidente Calderón, y a su gobierno. El auge de la violencia, derivado de los carteles de la droga en ese país, ha sido un elemento vital para hacer olvidar a los mejicanos las críticas ante los gobiernos liderados por el PRI durante 72 años de manera continua, más aún con una población votante joven que poco conoce del pasado de corrupción, de hegemonía de las instituciones del Estado en manos del poder de turno, y de permisividad ante la criminalidad con que se relacionaba al PRI.

Frente a estas circunstancias, el gobierno no ha podido convencer a la población votante respecto a la validez de las medidas adoptadas para luchar contra tan terribles enemigos, como las organizaciones del crimen organizado. Y es que para los mejicanos-indistintamente de las justificaciones válidas que pudiera presentar el actual gobierno-, poco importa que las armas usadas por los carteles mejicanos provengan de los Estados Unidos, o de la luna, si su gobierno no es capaz de frenar las balas con que acribillan a sus seres queridos.

Venezuela es otro de los países con elecciones presidenciales el próximo año. El caso de esta Nación, cuyas elecciones presidenciales acaban de ser adelantadas por el Consejo Nacional Electoral, (de celebrarse tradicionalmente la primera semana de diciembre, ahora para octubre de 2012), amerita una consideración especial. Mucho se ha dicho sobre el favoritismo y parcialidad política, en lo que va de los años del gobierno bolivariano, por parte del organismo electoral a favor del presidente venezolano. De allí que resulte altamente llamativa la decisión del CNE de modificación del cronograma electoral, toda vez que, con excepción de las elecciones generales -denominadas “mega elecciones”-, (realizadas como consecuencia de la vigencia de la nueva Constitución en el año 2000), desde que se instauró la democracia en Venezuela, en 1958, los comicios presidenciales se habían efectuado siempre durante la primera semana del mes de diciembre. Según ha argumentado el ente electoral, las razones de la modificación de la fecha electoral,  se deben a la imposibilidad de realizar en un solo evento elecciones generales (presidenciales, de alcaldes y gobernadores). No obstante, lo que muchos no terminan de asimilar es el porqué son precisamente las elecciones presidenciales, y no las elecciones regionales, las que deban ser adelantadas, habida cuenta que la experiencia ha demostrado que en oportunidades anteriores son éstas últimas las que han sufrido algún cambio en su calendario.

Así sucedió durante el proceso electoral que le daría el triunfo al presidente Chávez en 1998. En esa oportunidad, las elecciones presidenciales se realizaron el 6 de diciembre (junto con las del antiguo Congreso Nacional), mientras las de gobernadores fueron adelantadas para el 8 de noviembre de 1998, postergándose las votaciones de alcaldes para el año 2000.

De igual forma, el 31 de octubre de 2004 se realizaron elecciones de gobernadores y alcaldes, mientras que el 4 de diciembre de ese mismo año se celebraron las elecciones legislativas.

Lo curioso de esta situación, es que mientras muchos se preguntan respecto a las verdaderas causas del cambio de fecha, así como cuál será la trascendencia de esta medida en cuanto a los resultados electorales, la oposición de ese país pareciera no encontrar ninguna razón para preocuparse. Por lo menos así lo demuestran las declaraciones de sus dirigentes políticos, quienes aseguran que su candidato presidencial estará preparado para dicho evento, cualquiera fuere la fecha en cuestión.

Esta circunstancia, y las graves denuncias que sobre fraude electoral han venido acompañando los procesos eleccionarios en Venezuela, desde la realización del referéndum revocatorio del año 2004 hasta el momento, colocan a las elecciones presidenciales venezolanas en una situación altamente riesgosa. Para nadie es un secreto, que indistintamente de lo leve, o grave, que pudiera representar la enfermedad que padece el mandatario venezolano, (quien ha reconocido sufrir de cáncer), el adelanto de las votaciones le permite a éste un desgaste mucho menor en la campaña electoral, que si las elecciones fueran a realizarse en el mes de diciembre.

Si verificamos que desde que el gobernante asumiera el poder en 1999, hasta el presente, se ha mantenido permanentemente en campaña electoral, (a cuyo efecto para ello ha hecho un uso abusivo de todos los mecanismos que le ha facilitado el poder, como dinero y medios de comunicación,  entre otros), es evidente que el acortamiento del plazo de dicha campaña, no representa más que ganancia a su favor. Respecto a la oposición venezolana, la situación resultaría de manera inversa. Contando con pocos recursos económicos en comparación con el candidato oficialista; estando limitada en el uso de los medios de comunicación; siendo perseguidos sus líderes permanentemente (incluso bajo cargos criminales) por las autoridades gubernamentales, y habiéndose comprometido a la escogencia de un solo candidato, mediante elecciones primarias, (para enfrentarse a un veterano electoral, como lo es el presidente-candidato), resulta más que temerario haber aceptado pura y simplemente el adelanto de las votaciones. De hecho, no estando incluida ninguna fecha en particular en la Constitución y Leyes electorales del país para que se efectuaran las elecciones presidenciales, pero existiendo la tradición democrática de haberse celebrado las mismas durante el mes de diciembre, lo más lógico hubiera sido que la fecha en cuestión hubiese sido adoptada por consenso de las partes.

Si a esto le agregamos el desinterés que ha habido, de parte de los sectores opositores en Venezuela, a exigir del organismo electoral la publicación y confrontación del registro electoral permanente (REP) con la realidad; o de la participación en todas las etapas del proceso electoral de representantes permanentes de la oposición – incluyendo en los sorteos para las auditorias de las máquinas y software de votación y en las auditorías en sí; de contar con la posibilidad de una empresa de computación para las votaciones, distinta de la escogida unilateralmente – y sin proceso de licitación-, entre muchas otras situaciones,  podremos intuir las consecuencias que de todas estas circunstancias podrán derivarse.

Por si esto fuera poco, dicho país ni siquiera cuenta con un mecanismo de observación electoral confiable. Tanto así, que entre las condiciones establecidas por el organismo electoral, se exige la firma de un convenio de observación electoral a organismos como la Organización de los Estados Americanos, y cualquier otro, en donde dichos observadores se comprometen a no hacer públicas sus denuncias, ni mucho menos sus informes electorales.  De igual forma, ninguna de esas organizaciones cuenta con la experticia para que, en el supuesto negado de que el organismo electoral autorizara su presencia en la totalidad de las fases del proceso y sin limitación alguna, verificaran técnicamente la transmisión real y exacta de la data electoral en el momento de las votaciones, así como las demás circunstancias que en un momento dado hagan del triunfo de una de las partes una irremediable derrota.

La situación de Venezuela, en cuanto a la falta de una política coherente en materia de defensa del voto por parte de la oposición al partido de gobierno, se asemeja en muchos aspectos al caso de Nicaragua. Si bien es cierto que en Nicaragua el proceso electoral en sí es básicamente rudimentario, en tanto que en Venezuela el mecanismo electoral resulta altamente tecnificado, en ambos casos ha podido verificarse la existencia de situaciones irregulares que han impedido, si no ganar los respectivos procesos a los sectores opositores, por lo menos conocer la realidad en los cuales los resultados les han sido adversos.

En ambos países, con gobiernos ideológicamente compenetrados, sus oposiciones no han pasado de meras críticas y denuncias en contra de irregularidades y fraude electoral, que pronto han sido olvidadas para dar paso a nuevos procesos electorales, sin que los vicios denunciados hayan sido corregidos, o siquiera corroborados.

Respecto de Venezuela, la situación es aún mucho más grave. Contando con elementos de juicio para hacer valer sus denuncias, como lo demuestran las distintas oportunidades en que técnicos de indudable experticia e idoneidad, han presentado infinidad de estudios que hacen ver tales situaciones, éstos no han tenido el apoyo necesario por parte de los líderes políticos.

Lamentablemente ninguna de estas iniciativas, incluyendo los trabajos de investigación de organismos como “Esdata”, o de miembros de las Universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Metropolitana, todos en Venezuela, de la Universidad de Princenton en los Estados Unidos, y de expertos cuyas investigaciones sobre el fraude electoral han sido publicadas en importantes revistas científicas del mundo, (como  el artículo titulado “A Statistical Approach to Assess Referendum Results: the Venezuelan Recall Referendum 2004”, publicado  por la revista “International Statistical Review”, Volume 74, Issue 3, pages 379–389, December 2006, y cuyos autores son los venezolanos Maria M. Febres Cordero, y Bernardo Márquez) han tenido mayor efecto en el país.

Las últimas de las elecciones presidenciales a realizarse el próximo año en el Continente Americano, serán la de los Estados Unidos de América, en noviembre de 2012. La grave situación económica que padece la primera potencia del mundo, y el desencanto de un sector mayoritario de los estadounidenses, parecieran marcar la pauta en el proceso electoral. Como un adelanto de lo que podría ser la despedida para el presidente Barack Obama de la Casa Blanca, podemos señalar el resultado de las elecciones para el Congreso de los Estados Unidos en 2010. Allí, el partido republicano obtuvo un importante triunfo electoral, logrando obtener la mayoría en la cámara de representantes, y con esto eliminando la hegemonía que venía ejerciendo el partido demócrata en ambas cámaras. Es cierto que en otras oportunidades este revés político, de perder lo que se considera como “elecciones intermedias”, no necesariamente ha implicado una derrota en las elecciones presidenciales. Incluso, el presidente Bill Clinton  perdió dichas elecciones de mitad del periodo, pero ni Barack Obama es Bill Clinton, ni la suma de descontentos había llegado a tales extremos de pérdida de popularidad entre la población, sobre todo en sectores que se manifestaron inicialmente tan afines al llamado del candidato Obama, como las minorías. En lo que respecta a éstas, tal y como hemos señalado en otras oportunidades, los latinos mantienen muy presente que esta administración ha superado con creces las deportaciones de sus compatriotas, ordenadas por el entonces presidente George Bush. Por el lado de las personas de color, y de los jóvenes (usados como bandera de la campaña electoral anterior del presidente Obama), basta verificar los altos niveles de desempleo y las pocas mejoras que el mandatario ha establecido en áreas tan delicadas como la educación, situación ésta última que ha tratado de enmendar en los últimos días con una nueva oferta educativa, para entender la desaprobación que ha producido en sus aliados naturales.

Si bien es cierto que Obama adolece de un importante carisma, también es cierto que la situación para él no debe resultar muy alentadora si consideramos que en los últimos sondeos de las encuestadoras (como “Gallup”), candidatos republicanos, como el ex gobernador del Estado de Massachusetts, Mitt Romney, y el gobernador de Texas,  Rick Perry (cuya economía es de las que más ha crecido), ya se encuentran empatados con aquél, en intención de votos por los norteamericanos promedio. Incluso para este momento, realizado el primer debate entre los candidatos republicados en el Estado de Florida, el gobernador Perry ha logrado aventajar a su contrincante Romney para las primarias de su partido.

En todo caso, sea el candidato que fuere en las elecciones presidenciales por el lado de los republicanos, el crecimiento económico del país en un uno por ciento en esta etapa del año, es la mejor consigna que candidato alguno podría utilizar en contra del actual mandatario.

Las circunstancias señaladas respecto a los procesos electorales en esta parte del mundo, si bien ponen en evidencia una serie de elementos propios de cada uno de los países que estarán sometidos al escrutinio electoral, identifican a su vez ciertas características en común que aquejan a la mayoría de nuestros pueblos. Descontento por parte de la población respecto a la manera como nuestros líderes han venido haciendo política durante años, con ofertas genéricas de eliminación de la pobreza, lucha contra la corrupción, o construcción de viviendas, entre muchas otras, sin que los respectivos candidatos sean capaces de entender que dichas ofertas deben ser sustituidas con demostraciones concretas de cómo pretenden cumplirlas, representan algunos detalles capaces de hacer cambiar el destino de una Nación en fracción de segundos. Frustración por promesas incumplidas y por la existencia de desigualdades sociales; y en general, impotencia por parte de los votantes para hacer valer sus propias reivindicaciones, pueden convertirse en terribles consejeros a la hora de elegir candidatos.  En todo caso, si bien no existen soluciones únicas, ni estrategias universales para enfrentar las campañas electorales, sólo los procesos electorales dirigidos con transparencia para garantizar el voto de los ciudadanos; el esfuerzo imparable de los candidatos para transformar las situaciones de adversidad; y el respeto a las leyes de la física que exige poner los pies sobre la tierra, harán la diferencia entre el triunfo y una estrepitosa derrota, a cuyo efecto debemos recordar que mientras para cada uno de nosotros nuestro problema es el más importante, el mundo sigue dando vueltas.

Ollanta Humala: “No Jurarás su Santo Nombre en Vano”

18 Ago 2011

Por: Virginia Contreras

El pasado 28 de julio Ollanta Humala asumió el cargo de presidente de la República del Perú para el cual fue elegido por los próximos 5 años. Después de tanta tensión en la contienda electoral, ese día prometía un poco de tranquilidad. Por lo menos así lo aseguraba el propio presidente electo, si bien su antecesor, y todavía presidente en funciones, Alan García,  presentía algún tipo de desaguisado, razón por la cual prefirió no asistir al evento de juramentación, sabia decisión.

A pesar de haber transcurrido poco menos de un mes del evento, existen algunas circunstancias vinculadas a las actividades del nuevo gobernante, que ameritan algún tipo de análisis a los fines de tratar de interpretar lo que eventualmente sería el camino que podría tomar este gobierno que apenas comienza.

El 28 de julio, por sí solo, es una fecha que produce cierto impacto cabalístico. Además de conmemorarse la independencia del Perú, y de ser la oportunidad fijada por la Constitución de la República para asumir la presidencia, curiosamente se celebra el cumpleaños de dos personalidades controversiales (las cuales en su oportunidad mantuvieron una estrecha relación), que de una u otra forma han marcado los destinos del actual mandatario peruano. Nos referimos a la fecha de nacimiento del presidente Hugo Chávez, de Venezuela, y del ex presidente Alberto Fujimori, del Perú. Aun existiendo esta curiosidad, el hecho al que nos queremos referir no se debe a la prodigalidad de cumpleaños, ni a la independencia del país, sino a la particular manera cómo el presidente Humala ha comenzado a gobernar, hecho que tarde o temprano podría repercutir en los destinos de su país.  Una de estas circunstancias se refiere a la juramentación al cargo de presidente de la República.

A diferencia de lo que tradicionalmente había venido sucediendo con los mandatarios anteriores, el nuevo gobernante, en ese momento solemne, decidió invocar la Constitución derogada de 1979, en vez de referirse a la vigente (1993).

No importaba que el propio mandatario hubiese sido electo en base a esta última Constitución, que a todas luces despreciaba. Tampoco que su vida como político hubiera estado amparada por los mandatos de esta Constitución, o que los derechos de sus hijos hubieran sido resguardados bajo la misma, e incluso que el sistema democrático de su país hubiera podido mantenerse bajo los principios, normas y valores de la Constitución que desdeñaba.  Para él era suficiente que la Carta Magna hubiese sido promulgada bajo instancias del para entonces presidente Alberto Fujimori, (a quien el presidente Ollanta, y su hermano Antauro intentaran derrocar el 29 de octubre de 2000) para que, per se, el instrumento jurídico careciera de validez. Ese mismo ejemplo de Humala, lo asumieron los demás funcionarios juramentados por el mandatario; y bajo estos mismos conceptos, unos más fanáticos que otros, se pronunciaron algunas autoridades representativas de las instituciones políticas del Estado.

El presidente del Tribunal Constitucional,  Carlos Mesía, por ejemplo, no encontró ningún inconveniente respecto a la juramentación del presidente. De acuerdo a su criterio, a pesar de la actitud del mandatario, se daba por entendido que el gobernante juraba por los mismos principios y valores establecidos en la Constitución actual. Para afianzar su posición, señalaba el Magistrado, (adelantando opinión respecto a una situación que muy posiblemente podría llegar a sus manos, de interponerse algún recurso jurisdiccional al respecto) que dicha Constitución, en su artículo 116, no establecía fórmulas obligatorias para jurar como presidente de la República.

Otros, como la primera vicepresidenta del Perú, la Sra. Marta Espinoza, y el segundo vicepresidente, Omar Chehade (juramentados por el propio presidente Humala, bajo similar formalidad) se enfrascaban en una confusa explicación en la cual, si bien pretendían restarle importancia al juramento, parecieran preparar el terreno para lo que sin duda alguna será la reforma constitucional por venir. Es cierto que en principio las opiniones de estos funcionarios, y del mismo presidente Humala, apuntan hacia una reforma que sería iniciada por el Congreso de la República, pero es evidente que produciéndose la misma a sugerencia del mandatario, dichas reformas contendrán los deseos presidenciales.

El tema del juramento en cuestión resulta interesante desde el punto de vista jurídico, y poco menos que infeliz, desde el punto de vista político. Esto último, por cuanto que si el nuevo mandatario quería comenzar su gestión en paz y concordia, lo menos que ha debido hacer es evitar causar resquemores desde el primer día de su mandato, más aún cuando casi la mitad de la población rechazó su propuesta electoral.

Es cierto que en la Constitución vigente no existe una fórmula sacramental para la juramentación, como si ocurre en la vigésima enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Recordemos, incluso, que debido al error cometido por parte del presidente Obama en el momento de repetir las palabras sacramentales, fue necesario días después, repetir dicha juramentación. Pero esta circunstancia, de no existir exactamente un rosario específico de palabras para ser repetidas por el presidente peruano, no le resta importancia a un acto, que como el de juramentación, le otorga eficacia al acto administrativo de proclamación dictado por la máxima autoridad electoral del Perú.

Admitir, (como automáticamente pretendieron hacerlo las personalidades aludidas), que lo importante era simple y llanamente jurar por aquello que considerara conveniente el Sr. presidente, haciendo referencia a una Constitución distinta (aún cuando en la práctica ambas Constituciones no fueran tan disímiles), nos llevaría a aceptar que el presidente Humala hubiera decidido jurar por la Constitución bolivariana, o por la ecuatoriana, o tal vez  hasta por la francesa, si éstas recogían, “a su juicio”, similares principios a los por él concebidos como respetables. Reconocer como válidas estas consideraciones permitiría incluso, que el día de mañana el presidente de turno, jurara por la Constitución de una compañía anónima, o por el Decreto de Guerra a Muerte del Libertador Simón Bolívar, simplemente porque a aquél le pareciera que los principios allí contenidos se asimilaban mejor con sus requisitos particulares.

Pero aún a despecho de la opinión del alto Magistrado judicial, valdría la pena hacer un recuento de lo que ha significado el acto de juramentación en  una República como la del Perú. Así tenemos que la primera Constitución del Perú, (1828), en su artículo 87°, establecía formalmente el contenido sacramental del referido juramento. En este sentido señalaba: “El Presidente y Vicepresidente, para ejercer su cargo, se presentarán al Congreso a prestar el juramento siguiente:   ”Yo, N.N. juro por Dios y estos Santos Evangelios que ejerceré fielmente el cargo de Presidente (o Vicepresidente) que me ha confiado la República: que protegeré la religión del Estado, conservaré la integridad e Independencia de la Nación, y guardaré y haré guardar exactamente su Constitución y leyes”.

Posteriormente, la Constitución de 1839 disponía, en su artículo 86°, el texto que había venido siendo usado hasta el presente (si bien se eliminó la mención específica de resguardar la religión católica). Esta circunstancia sería prácticamente repetida 14 años después (1853) en el Reglamento Interior de las Cámaras Legislativas, cuando el Congreso era bicameral.

Aún así, teniendo en consideración éstos antecedentes, el juramento formulado por el presidente Humala fue el siguiente: “Juro por la Patria que cumpliré fielmente el cargo de Presidente de la República que me ha confiado la Nación por el período presidencial 2011-2016; que defenderé la soberanía nacional, el orden constitucional, y la integridad física y moral de la República y sus instituciones democráticas, honrando el espíritu y los principios de la Constitución de 1979 (subrayado nuestro); que reconoceré y respetaré la libertad de culto y de expresión, y lucharé incansablemente por lograr la inclusión social de todos los peruanos, especialmente de los más pobres.”

La Constitución peruana vigente establece los lineamientos generales de lo que representa la investidura del presidente de la República. Señala: “De la  Función Pública: Artículo 39°. Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley”.

El Artículo 40° de dicha Constitución dispone: “La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos”.

Esa “Ley” a la cual hace mención el documento fundamental peruano, no es otra que la “Ley de Funcionarios Públicos y Empleados de Confianza del Perú”, la cual en su Artículo 6º.- dispone: “De la clasificación: Los Funcionarios Públicos se clasifican en:

6.1.- Funcionario público de elección popular, directa y universal o confianza política originaria.- Es aquel elegido mediante elección popular y universal, conducida por el organismo del Estado autorizado para tal fin. El ingreso, permanencia y término de su función están regulados por la Constitución y las leyes de la materia.

Son funcionarios públicos de elección popular, directa y universal:

a) Presidente de la República.

b) Vice Presidentes de la República.

c) Congresistas de la República.

d) Presidentes y Consejeros Regionales.

e) Alcaldes y Regidores.

Igualmente el Artículo 8º.- de la mencionada Ley, señala: “Del nombramiento y designación en el cargo y su publicidad: Se adquiere la condición de funcionario público a partir del nombramiento para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado.Sin embargo, sólo a partir de la toma de posesión podrán ejercerse las atribuciones que el cargo reconoce de acuerdo a las reglas contempladas en leyes especiales y las que disponga el reglamento de esta ley teniendo en cuenta el tipo de cargo que se desempeñe.Se requiere del juramento en los casos en que la ley lo establezca. Para el nombramiento se sigue la regla especial de la legislación que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento de los funcionarios públicos. La notificación y publicación del nombramiento son requisitos necesarios para el ejercicio del cargo. El acto administrativo que nombra en el cargo a los funcionarios públicos rige a partir del día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano”.

Por último,  las Disposiciones Finales, Transitorias y Complementarias de dicha Ley, establecen: “Segunda.- Responsabilidad por incumplimiento: El incumplimiento de las reglas contenidas en esta Ley origina responsabilidad administrativa a los funcionarios públicos y empleados de confianza y a quienes se encuentran en la obligación de cumplir estas reglas, sin perjuicio de la responsabilidad derivada de normas especiales”.

De lo antes expuesto se evidencia que el presidente de la República, efectivamente es un funcionario público, elegido por elección popular, directa y universal. Pero aún así, en el caso de Ollanta Humala, habiendo resultado ganador en las pasadas elecciones del 5 de junio, ese triunfo no era suficiente para iniciar su mandato, a cuyo efecto el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), semanas después de la oficialización de los resultados electorales totales por parte del organismo, procedió a proclamar al presidente electo, entregándole las credenciales que lo acreditaban como tal. No obstante, ese acto de proclamación por sí solo, para gozar de eficacia requería de la juramentación del gobernante,  y sólo a partir de ese momento, el jefe de Estado se encuentra en capacidad de iniciar su mandato.

Esa juramentación a la cual se le pretende restar importancia, tiene tal relevancia, que la tradición ha exigido el otorgamiento de un pergamino, que el propio presidente Humala firmó públicamente en pleno evento ante el Congreso de la República. Ese documento contiene no sólo el nombre del mandatario, sino “la fórmula de la juramentación usada por el nuevo gobernante”, así como la fecha de transmisión de mando. En estos términos, cualquiera que tenga acceso a dicho documento podrá verificar que el contenido del juramento allí transcrito, difiere del juramento verbalmente hecho público por el jefe de Estado ante el Congreso de su país.

Pero adicionalmente a las opiniones antes señaladas, existen dos declaraciones, que por los personajes involucrados, vale la pena mencionar. Uno de ellos es Antauro Humala, hermano del presidente de la República,  y quien cumple condena de 25 años de prisión  por haber participado en la toma de la comisaría policial de Andahuaylas, como parte de un intento de golpe de Estado en contra del para entonces presidente Alejandro Toledo, y que produjo como consecuencia la muerte de cuatro funcionarios.

Antauro, en la conocida revista “Caretas”, además de manifestar su certeza de que saldrá en libertad próximamente, hizo importantes revelaciones en relación con el significado de la juramentación realizada por su hermano, manifestando que éste “ha creado una coyuntura política constitucional que hace posible mi pronta liberación”; siguiendo más adelante: “Los que nos rebelamos por restituir la Constitución del 79, ahora somos precursores de este nuevo gobierno que ha jurado por esta Carta Magna. Ollanta ha reivindicado así las tres gestas militares dentro del estado genuino de derecho que estaba vigente en dicha Constitución. Me refiero a las insurgencias del general (Jaime) Salinas Sedó, de 1992, y a las dos de los hermanos Ollanta y Antauro Humala, en Locumba, el 2000, y en Andahuaylas, el 2005” (sic).

El otro personaje que ha opinado al respecto es el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien nuevamente interviene en la política del país andino afirmando que la Constitución de 1993, “no posee legitimidad”, así como reconociendo la actitud del presidente Humala al desechar la Constitución vigente en su juramentación, como “un gesto muy valiente”.

Adicionalmente a la controversia de la juramentación del nuevo mandatario, han surgido alrededor de su persona otros elementos que evidencian una serie de irregularidades imposibles de esconder.

La primera de ellas se refiere a la visita que el hermano menor del presidente Humala, Alexis, realizara a Rusia días antes de la juramentación de su hermano, y en donde dicho ciudadano se reunió con miembros del gobierno de ese país a fin de negociar acuerdos de turismo, pesca, gas y de armas para el Perú. Paradójicamente, la Comisión Disciplinaria del partido de gobierno, el Partido Nacionalista, procedió a suspender de militancia partidista, por 6 meses, al joven Alexis, “por haber viajado a Rusia sin autorización del partido, ni del Comité Ejecutivo Nacional”. A pesar de esto, en ningún caso se ha planteado- y el presidente se ha mantenido mudo- el fondo del asunto, como lo es la intervención de un hermano del presidente de la República, (cuyo mandato ni siquiera había comenzado), para gestionar a título personal, negocios en los cuales estaría comprometida la República y que por ende deben obedecer a una política concertada por los organismos competentes, y bajo los parámetros jurídicos correspondientes.

Adicionalmente a estas circunstancias, podemos apreciar cómo su hermano Antauro, además de ofrecer declaraciones como las anteriormente mencionadas, logra prodigiosamente la rebaja de la condena impuesta en su contra, de 25 años de prisión por el homicidio de cuatro funcionarios policiales por los hechos antes señalados, a 19, o 17 años de prisión. Para ello la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú ha decidido una disminución de la referida condena, en función de haber declarado “nula” la sentencia que condenó a Antauro por el delito de tenencia ilegal de armas, así como por “modificar” la calificación de homicidio calificado, inicialmente imputada al enjuiciado, por la de “homicidio simple”. En todo caso, la decisión definitiva, respecto a si la rebaja llevaría la pena a los 19 o a los 17 años de prisión, deberá ser tomada en las próximas semanas.

Pero aparte de la reprobable actitud asumida por los hermanos Humala entre sí, -bajo la mirada lánguida del presidente Ollanta-, la situación aumenta de volumen, al apreciar ciertas designaciones que ha venido haciendo el mandatario, las cuales dejan mucho qué desear respecto a esa atmósfera de honestidad y total transparencia con que en tantas ocasiones se había comprometido el estrenado mandatario.

Así, mientras se festejaba el nombramiento de los miembros del gabinete económico, como garantía de continuidad en la política económica y financiera del Estado, la sociedad, -e incluso la comunidad internacional-, pareciera estar en ascuas respecto al nombramiento de Ricardo Soberón, como presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).  Para los que desconocen el significado de esta responsabilidad, es necesario aclarar que ésta se asimila a la designación de un  “zar antidrogas”.

El caso de Soberón nos confirma el supuesto compromiso que el entonces candidato Humala (incluido en nuestro artículo “El Triángulo de las Bermudas de Ollanta Humala, runrun.es) habría adquirido con un sector de la agrupación terrorista “Sendero Luminoso”, quien amparada en su estrecha relación con autoridades de la vecina Bolivia, habrían contribuido económicamente con la candidatura presidencial de Humala, “a cambio de su compromiso de no erradicación de la hoja de coca”.  De ser cierta esta información contenida en ese artículo, no habría mejor candidato para cumplir con dicho acuerdo, que el propio Ricardo Soberón, conocido por su crítica a la erradicación de la hoja de coca, así como por su cercanía con las organizaciones cocaleras peruanas en los valles del Alto Huallaga, de los ríos Apurímac y Ene y en la cuenca de La Convención y Lares (Cusco), los cuales tradicionalmente se han opuesto a la erradicación de la coca, y  de las cuales ha fungido por años como asesor.

Por si esto fuera poco, resulta del conocimiento público la relación del flamante zar antidroga,  con el colectivo “Legaliza Perú”, encargado de facilitar asesoría legal a quienes resulten involucrados en asuntos en materia de drogas, y posesión de marihuana en particular. De igual forma, es un hecho público la relación existente entre el nuevo funcionario antidroga y el actual presidente de Bolivia, Evo Morales. De hecho en el año 1995, el hoy presidente de “Devida”, el actual presidente de Bolivia y Hugo Cubieses, éste último allegado igualmente al presidente Humala, y supuestamente a la organización “Sendero Luminoso”(ver artículo “Gana Perú, runrún.es), estuvieron detenidos por las autoridades bolivianas, en “Copacabana”, zona boliviana fronteriza con Perú, presuntamente por actividades subversivas. Estos tres personajes fueron recluidos en una base naval a orillas del lago Titicaca, para luego ser liberados y expulsados,  Soberón y Cubieses, hacia Perú.

Junto a esta designación, debemos mencionar el nombramiento del coronel, retirado, Adrián Villafuerte, como asesor personal en asuntos militares del presidente Humala. Tal y como referimos en nuestro artículo “Gana Perú”, Villafuerte durante el gobierno fujimorista se desempeñó como secretario del general Cesar Saucedo, uno de los hombres más cercanos al poderoso Vladimiro Montesinos.

Otra de las designaciones que llama la atención se refiere a la del coronel, en situación de retiro, Luis Pereyra Briceño, como Director Nacional de Defensa Civil (INDECI).  Para tener una idea del personaje, el coronel Pereyra  fue objeto de una formal denuncia en 2006 por parte de la Inspectoría General del Ejército, por la desaparición del expediente que se le seguía al actual presidente Ollanta Humala (conocido como el “capitán Carlos”) por la violación de derechos humanos durante su gestión como jefe de la base militar antiterrorista de “Madre Mía”.

Por si los casos anteriores resultaren insuficientes, hace pocos días los medios de comunicación del Perú sorprendieron a la población con la noticia de la escogencia de la economista Tania Lourdes Quispe, prima de la primera dama, Nadine, como Jefa de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).

Los hechos aquí mencionados, han sido seleccionados dentro de una gama de circunstancias  que han venido rodeando al presidente Ollanta Humala, que de no atenderse a tiempo, podrían ocasionar un vuelco en la vida política, social y económica del Perú, país que a pesar de la necesidad de profundizar sus políticas para lograr una mejor distribución de la riqueza, ha sido ejemplo de un importante crecimiento económico.

Mientras el nuevo presidente se inicia con decisiones como las señaladas, reconociendo públicamente lo “difícil que resulta gobernar”, los partidos políticos y sus líderes, al igual que sucedió durante la campaña presidencial, andan en desbandada.   Es cierto que muchos otros gobiernos en la América Latina,  se han mantenido con mayor o menor estabilidad, bajo el amparo de mecanismos populistas parecidos al que pretende implantar el mandatario peruano, pero el caso del Perú representa un riesgo mucho mayor que aquellos, si recordamos que según todos los indicadores internacionales, Perú se ha convertido en el mayor productor de coca en el mundo.  Mientras la sociedad civil y las organizaciones políticas comienzan a estirar las piernas después de un largo descanso, organizaciones narco terroristas, como Sendero Luminoso, ya han practicado con largas vueltas de calentamiento.  Ojalá que la sociedad peruana organizada no se duerma, su pueblo no se los perdonaría.